Raúl Lugo Rodríguez

Este próximo jueves 5 de noviembre es una fecha muy importante para don Ricardo Ucán y para todas las personas que hemos seguido su caso. Como es de público conocimiento, don Ricardo Ucán fue juzgado por haber causado la muerte a don Bernardino Chan Ek. El homicidio, sin embargo, tiene un excluyente de responsabilidad: don Ricardo mató a don Bernardino en defensa propia, después que fue amenazado con un rifle por parte del hoy occiso.

Don Ricardo fue auxiliado por una defensora de oficio que no proveyó al inculpado de una auténtica defensa. No solamente no presentó agravios ni conclusiones como parte del proceso legal, sino que desestimó en la defensa pruebas irrefutables de que el hoy occiso había disparado su arma antes de ser ultimado, lo que demostraba que don Ricardo mató en defensa propia. La negligencia de la defensora de oficio provocó que don Ricardo, que en ningún momento del juicio recibió la ayuda de un traductor, tal como lo exige la ley en el caso de personas pertenecientes a etnias indígenas, fuera condenado por homicidio calificado. Después de recurrir a sucesivas instancias, la sentencia contra don Ricardo fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, agotándose así todos los recursos jurídicos que pudieran resarcirle el daño que le ocasionó una defensa ineficiente.

La violación al derecho a un juicio justo cometida contra don Ricardo no es un asunto solamente de él: pone al descubierto que existen todavía fallas estructurales en la administración de justicia: ausencia de traductores para la etnia maya, defensores que no defienden, etc. En el caso de don Ricardo este trato discriminatorio ha sido bien documentado. Por eso don Ricardo Ucán, con ayuda del equipo Indignación A.C. y de la Red “Todos los derechos para todos y todas”, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), institución dependiente de la Organización de Estados Americanos, a la que pueden recurrir los ciudadanos y ciudadanas de aquellos países que hayan firmado y ratificado los más relevantes tratados de derechos humanos vigentes en nuestro continente. Esta apelación puede hacerse solamente cuando, en el propio país, el demandante haya agotado todos los recursos legales, cosa que, como hemos señalado, ocurrió desde hace ya varios años con don Ricardo Ucán.

Pues bien, después de haber aceptado el caso de don Ricardo, la CIDH ha decidido conceder una audiencia para escuchar, de propia voz de los demandantes, algunos elementos que le aclaren más el caso e iluminen la decisión que se apresta a tomar. En la audiencia estarán presentes dos miembros del equipo Indignación y la secretaria de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” como co-peticionarios en el caso de don Ricardo. Estarán también representantes del Estado Mexicano, que es la parte demandada. Dicha reunión tendrá lugar en Washington, sede de las oficinas de la CIDH, el próximo jueves.

¿En qué radica la importancia de esta reunión? Como ya hemos dicho, el caso de don Ricardo pone al desnudo el sistema de procuración y administración de justicia, especialmente en lo que toca al trato discriminatorio que en dicho sistema se da a las personas que forman parte de los pueblos originarios, en este caso el pueblo maya. Es la primera vez que el Estado Mexicano es llevado a juicio por un caso de este tipo acontecido en la región de mayor concentración indígena del país, la península de Yucatán.

En efecto, la audiencia que se efectuará el día 5 de noviembre tiene por objeto que, tanto los representantes de don Ricardo como la representación del Estado mexicano, expongan sus argumentos en torno al caso y representa una de las últimas etapas del procedimiento antes que la CIDH determine si existieron violaciones a la Convención Americana por parte del Estado. En caso de que la CIDH determine la existencia de violaciones a los derechos humanos, sería la primera vez que el Estado mexicano fuese señalado como responsable por violaciones a derechos humanos, cometidas por autoridades del estado de Yucatán.

No es el recurso a la CIDH la primera acción que la sociedad civil ha impulsado para lograr la libertad de don Ricardo Ucán. El Poder Ejecutivo ha desestimado peticiones apoyadas por personas de muchas partes del mundo para que se utilizase el recurso de reconocimiento de inocencia y se dejara libre a don Ricardo, como una manera de resarcir las violaciones a los derechos humanos que contra él se cometieron durante todo el proceso. Otra campaña, apoyada también por gente de nuestro país y del extranjero, solicitó al Poder Legislativo del estado que legislara el indulto, de manera que don Ricardo pudiera salir libre aplicándosele esa figura legal. Pero todos los poderes del estado han permanecido sordos a estos esfuerzos por resarcir las violaciones cometidas contra don Ricardo en un juicio a todas luces irregular y discriminatorio.

Por eso tiene razón el equipo Indignación cuando nos recuerda en uno de sus más recientes comunicados, que “a pesar de haber transcurrido tres administraciones desde que sucedieron los hechos (las encabezadas por Víctor Cervera, Patricio Patrón e Ivonne Ortega, respectivamente), ninguno de los representantes del ejecutivo ni de las diversas legislaturas, han realizado acciones tendientes a facilitar la liberación de don Ricardo, a pesar de los insistentes llamados de organizaciones civiles nacionales e internacionales del prestigio de Amnistía Internacional, así como del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas”.

Pero a todo mundo le llega su hora…