Iglesia y Sociedad

El jueves 13 de noviembre de 2008, en conferencia de prensa, un grupo de organizaciones ciudadanas presentaron públicamente un proyecto de iniciativa de ley tendiente a reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las organizaciones anunciaron que promoverían la llegada de dicho proyecto al congreso del estado a través del mecanismo de participación conocido como “Iniciativa Popular”, para lo cual comenzarían una recolecta de firmas hasta juntar el porcentaje de peticionarios/as previsto por la ley.

Poco tiempo después, otro grupo de organizaciones ciudadanas, reunidas bajo el membrete “Red Pro Yucatán”, comenzó una recolección de firmas en vistas a presentar ante el organismo rector de las figuras de participación ciudadana, el IPEPAC, una iniciativa cuyo objetivo se anunciaba para “fortalecer la institución matrimonial y la familia”. El 5 de marzo de 2009 fue presentada, acompañada de aproximadamente 9,000 firmas, una propuesta de reforma constitucional y del código civil. El 27 de marzo, el IPEPAC anunció la admisión de la iniciativa y su envío al congreso del estado, que debía dictaminarla, según mandato de ley, en el mismo período de sesiones en el que la recibiera.

El 11 de julio pasado el congreso del estado, a más de tres meses de haber recibido la iniciativa sin haberla sometido a discusión pública o de comisiones, y a menos de una semana antes de que concluyera el período de sesiones, convocó a una reunión cuyo objetivo era originalmente, según el boletín publicado por el mismo congreso, “invitar a las organizaciones que participaron en la creación de esta iniciativa para que expliquen a los integrantes de estas comisiones, el motivo que los llevó a realizar la consulta (sic) y en especial a crear la iniciativa”, acordando también que se invitaría a representantes del DIF estatal. La iniciativa fue puesta en el portal electrónico del congreso local y la invitación se abrió a toda la ciudadanía anunciándola en algunos medios de comunicación social.

La reunión tuvo lugar el lunes 13 de julio y se tornó tensamente polémica. Representantes de los dos grupos ciudadanos expusieron sus razonamientos en torno a la iniciativa. Aunque apremiados por el tiempo (se enteraron tan sólo un día antes por un cintillo publicado en la prensa), las organizaciones opositoras a la iniciativa pudieron presentar a los diputados, la mañana siguiente de la polémica reunión, un documento que señalaba en detalle algunos de los riesgos que representaría la adopción de las modificaciones presentadas por la “Red Pro Yucatán”.

El miércoles 15 de julio, sin mayor estudio ni consulta, los diputados aprobaron las modificaciones al texto constitucional. Aunque la iniciativa de la “Red Pro Yucatán” sostenía que “el matrimonio es una institución de orden público e interés social, por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, teniendo como base o fundamento el amor, en la que, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, se genera nueva vida y nace una familia, formando una comunidad en la que prevalezca entre el padre, la madre, los hijos, así como los demás parientes, el respeto entre sus miembros, la ayuda, la asistencia recíproca y la promoción y desarrollo integral de cada uno”, los legisladores decidieron no circunscribir la familia a un solo modelo y terminaron aprobando la modificación del artículo 94 constitucional en estos términos: “la familia es una institución social permanente a la que se reconoce como el fundamento primordial de la sociedad sobre la cual evoluciona el Estado. Es una institución integrada por dos o más personas unidas o emparentadas entre sí, por afinidad, por consanguinidad o por adopción, que como comunidad afectiva y de convivencia, potencia el libre desarrollo de todos sus miembros”.

De cualquier manera, la legislatura terminó definiendo el matrimonio como “una institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”, eliminando así, por el momento, la posibilidad de que se acojan bajo esta figura las uniones entre personas del mismo sexo. Además, terminó excluyendo de la adopción de niños y niñas a las personas solteras.

Para terminar de complicar las cosas, la fracción priísta sometió ese mismo día al pleno una propuesta, presentada apenas un día antes, en la que se reconoce personalidad jurídica al embrión desde el momento mismo de su concepción, resolución que coloca a Yucatán en el marco más amplio de un acuerdo PRI-PAN de introducir este tipo de modificación en todos los estados de la república y que se ha logrado ya en más de una decena de entidades federativas, aunque al mismo tiempo estén en curso algunas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia en relación con dichas modificaciones.

Hay quienes sostienen que la premura irresponsable del congreso al aprobar asuntos de tanta gravedad sin dar espacio suficiente al debate público se justifica por el hecho de que tenían que dictaminar la propuesta de reformas antes de que el período de sesiones terminase. Pero esa justificación pierde fuerza cuando se ve que la diputación contaba con tiempo suficiente ya que recibió la iniciativa de parte del IPEPAC desde el 1 de abril, tiempo más que suficiente para abrir una discusión seria, que escuchase con mesura y serenidad los puntos de vista de los dos bandos en pugna. No lo hizo.

¿Qué razón hay para que el congreso tomara decisiones tan importantes con tamaña irresponsabilidad? ¿Es solamente que los diputados y diputadas anduvieron muy ocupados en las pasadas elecciones, de suerte que no les quedó tiempo de cumplir con su función legislativa (sería interesantísimo revisar cuántas leyes fueron aprobadas durante el tiempo de la campaña…) o estamos ante agendas ocultas de la nueva mayoría legislativa (PRI-PAN)? ¿A quién representan realmente los diputados y diputadas? ¿Qué importancia tiene para ellos el derecho internacional de los Derechos Humanos?

El asunto está, desde luego, muy lejos de haberse cerrado. Veremos, con toda seguridad, nuevos capítulos. Habrá que ver si la gobernadora decide ejercer su facultad de veto como le reclaman algunas organizaciones o si, en caso de que decidiera no hacerlo, el presidente de la CODHEY iniciará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, como ha hecho algún otro de sus pares. Está también el hecho, para abonar al embrollo, de que en un futuro próximo pueden ser presentadas, por la misma vía, dos iniciativas ya anunciadas: la del matrimonio entre personas del mismo sexo (que requeriría, desde luego, una nueva modificación constitucional) y la del pacto civil de solidaridad. La moneda parece estar aún en el aire.